Las prestaciones de SS y la mejora de las mismas pactada en convenio colectivo forman parte del lucro cesante en caso de accidente de trabajo

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En caso de accidente de trabajo, las prestaciones de Seguridad Social y la mejora de las mismas pactada en convenio colectivo forman parte del lucro cesante. Además, la mejora de las prestaciones no es compensable con daño moral. Así lo acaba de sentenciar el Tribunal Supremo (sentencia del TS de 10 de enero de 2019, que sigue y mejora la doctrina contenida, entre otras sentencias, en la sentencia del STS 23-06-2014 y 12-09-2017).

El caso concreto enjuiciado
El presente procedimiento de casación para unificación de doctrina tiene por objeto la cuantificación de la indemnización por daños y perjuicios, derivados de accidente laboral, que corresponde percibir al trabajador demandante, quien interpone el presente recurso contra la sentencia del TSJ de Cataluña que estimó en parte el recurso de suplicación que puso la empresa.

El TSJ de Cataluña consideraba compensable con todos los conceptos el cobro de las cantidades aseguradas en virtud de lo establecido por el convenio colectivo, mientras que el recurso del trabajador lo estimó sólo en el particular relativo al pago de intereses.

La sentencia

El Tribunal Supremo estima en parte el recurso de casación para unificación de doctrina interpuesto por la representación legal del trabajador contra la sentencia dictada el 26 de mayo de 2016 por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y fija el importe de la indemnización en favor del trabajador en 114.651’22 Euros.

En primer lugar, razona la sentencia, el lucro cesante es un concepto más amplio de lo que sostiene la sentencia recurrida que lo hace coincidir con la diferencia de ingresos entre lo que el trabajador habría cobrado de seguir en activo y lo que cobró por pensión de incapacidad permanente hasta el momento en el que pudo jubilarse a los 55 años y tres meses.

Ese cálculo se hace, advierte el TS, olvidando que la jubilación no es obligatoria, que el incapaz permanente puede ejercer profesiones compatibles con su estado y que, incluso, al jubilado se le permite trabajar, todo lo que supone que el perjudicado puede obtener otros aparte de las prestaciones de la seguridad social y que de no haber sufrido el accidente sería muy posible que los hubiese obtenido.

Además, determina la sentencia, que el daño patrimonial en su manifestación de lucro cesante no se compensa sólo con las prestaciones de la seguridad social lo corrobora, además de lo expuesto, que el nuevo Sistema de Valoración de Daños y Perjuicios, aprobado por la Ley 35/2015, de 22 de diciembre, dedica especial atención al lucro cesante a reconocer en casos de muerte (artículos 80 y siguientes ) y de lesiones con secuelas (artículos 126 y siguientes).

Además, el artículo 132 nos enseña que las prestaciones por incapacidad permanente, incluso si se trata de la absoluta, no excluyen el reconocimiento de una cantidad indemnizatoria que compense por el lucro cesante, pago que en esta jurisdicción se calculará con arreglo a esas reglas, salvo que se prueba por otro medio, como un cálculo actuarial, un lucro cesante superior, así como que esos ingresos se tendrán razonablemente durante más tiempo, cual, incluso admite la Guía de Buenas Prácticas para la aplicación del nuevo Baremo que se publica por el Ministerio de Justicia, al amparo del art. 130 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Dicho lo anterior, determina el TS, como resulta que el artículo 34 del XII Convenio Colectivo de Trabajo de la empresa, en vigor al tiempo del accidente, encuadrado en el Capítulo XI bajo la rúbrica de atenciones y prestaciones sociales, establecía la obligación de la empresa de concertar un seguro de accidentes que

“con independencia de la cobertura de la Seguridad Social en materia de accidentes” cubriese “en caso de accidente de trabajo o accidente no laboral… las contingencias y capitales siguientes:…
invalidez permanente total para la profesión habitual: 78.131’57 Euros”

cabe concluir, sentencia el TS, que la literalidad de esta redacción se deriva que el capital asegurado se debe pagar además de la prestación de la seguridad social. Además, dado el ámbito laboral cuya regulación pretende el Convenio y que el capítulo XI viene precedido de la regulación de las retribuciones, estableciéndose, seguidamente, la obligación de suscribir un seguro de accidentes de trabajo, debe concluirse que con ello el convenio quería mejorar las prestaciones económicas de Seguridad Social y no otras que pudieran deberse a la responsabilidad civil de la empleadora.

Por todo lo expuesto, debe concluirse, zanja la sentencia, que la indemnización convencional mejoraba las prestaciones de Seguridad Social, esto es prestaciones de contenido económico, con lo que se pretendía reparar el lucro cesante ocasionado por las secuelas incapacitantes. Esta solución se ajusta a la doctrina de la Sala, sentada en las sentencias antes citadas, que han reiterado que el importe de la mejora voluntaria se imputa al lucro cesante y no puede ser compensado con otros conceptos indemnizatorios por daños físicos, psíquicos ymorales, cual ha hecho la sentencia recurrida.

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