REMUNERACIÓN DE SOCIOS Y ADMINISTRADORES

La tributación de socios y administradores de las sociedades mercantiles ha sido en los últimos tiempos un asunto de gran controversia.

A través de varias sentencias el Tribunal Supremo fijó criterios de deducibilidad para las retribuciones de los administradores de las sociedades mercantiles, cuya aplicación en las PYMES ha suscitado muchos problemas (STS 7057/2008 y STS 7060/2011).

En muchas PYMES españolas los socios son a la vez trabajadores, gerentes y administradores de su sociedad y la aplicación de esta doctrina que no permite separar la labor de “administrador” de la de “director” de la compañía, provoca que la retribución de los socios directores no sea deducible en el Impuesto sobre Sociedades (IS) si no está reconocida expresamente en los estatutos de la sociedad.

En este sentido, el Artículo 217 de la Ley de Sociedades de Capital (LSC) establece que “El cargo de administrador es gratuito, a menos que los estatutos sociales establezcan lo contrario determinando el sistema de remuneración”, concretándose también los criterios que tiene que cumplir el sistema de remuneración que se vaya a aplicar.

Los socios y administradores pueden tener distintas relaciones con su sociedad y, por lo tanto, distintos tipos de rentas que tributarán dependiendo de cómo las califiquemos y esta calificación habrá de hacerse caso por caso y ateniéndose al fondo y no a la forma de dichas relaciones.

¿Cómo hay que remunerar entonces las diferentes funciones que estos empresarios desempeñan dentro de sus empresas?

Pues la respuesta no es simple y va a depender de varios factores, partiendo de la base de que una misma persona puede establecer varios “vínculos” con su empresa.

Por un lado, cuando el socio ostenta el cargo de administrador éste cargo subsume todas las funciones ejecutivas que el socio pueda desempeñar en la sociedad para la dirección y gerencia del negocio y, por lo tanto, la remuneración que percibe se considerará como “retribución al administrador”. Los rendimientos derivados de este “vínculo” con su sociedad podrán deducirse como gasto en el IS solo si figuran reconocidos en los estatutos y tributarán como rendimiento del trabajo en el IRPF (Art.17.2.e) LIRPF), aunque no existe relación laboral, sometidos a una retención del 35% para el ejercicio 2016.

Por otra parte, cuando el socio presta servicios dentro de la empresa como si fuera un trabajador más, la nueva redacción dada al Art.27 de la LIRPF determina que los rendimientos obtenidos como resultado de este “vinculo” tendrán la consideración de Actividades Económicas cuando el socio desarrolle actividades incluidas en la sección Segunda de las Tarifas de IAE (actividades profesionales) y esté incluido en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) o en una Mutualidad de Previsión Social alternativa al RETA (independientemente de su porcentaje de participación en el capital social de la empresa).

Sin embargo, dada la abundancia de las actividades recogidas en la sección Segunda de las Tarifas de IAE (como los servicios de contabilidad por ejemplo), el legislador podría añadir algún matiz a esta interpretación. Cuando la sociedad presta servicios profesionales a sus clientes, la norma está clara y el “socio profesional” tributará por Actividades Económicas en el IRPF, con una retención del 15% para 2016.

Pero, ¿qué ocurre si la sociedad tiene una actividad empresarial y los servicios que le presta el socio son calificados como “profesionales” según la clasificación del IAE? Si atendemos a la literalidad de la norma estaríamos ante actividades económicas, pero habrá que estar atentos a posibles consultas de la DGT que pudieren hacer depender la calificación de los servicios del socio a la de los servicios de la sociedad y ver si en este segundo supuesto los rendimientos del socio se podrían considerar rendimientos del trabajo, con las retenciones normales para este tipo de rendimientos.

¿Y si las actividades que realiza el socio no están incluidas en la sección Segunda de las Tarifas de IAE? Cuando el socio realiza actividades empresariales, es decir, no incluidas en la citada sección de tarifas del IAE, parece deducirse de la norma que estos rendimientos del socio serían rendimientos del trabajo.

En cualquiera de estos supuestos no podemos olvidar que las relaciones entre el socio y su empresa son operaciones vinculadas (Art. 18.2. de la Ley del IS) y, por lo tanto, deberán estar valoradas a precio de mercado. (Esto no aplica a la remuneración a los administradores).

¿Y qué ocurre con el IVA si el socio tiene que facturar a la empresa?

Al ser el IVA un impuesto armonizado a nivel comunitario y atendiendo al principio de estanqueidad tributaria, las calificaciones que establece el IVA para las operaciones no tienen por qué coincidir con las de otros impuestos. Obviamente no existe una regla que puede aplicarse a todos los casos por igual, debiéndose analizar caso a caso para poder calificar la relación entre el socio y la empresa y establecer si se trata de una relación de subordinación o de independencia (artículo 10 de la Directiva 2006/112/CE). En este sentido, habrá que sopesar tres factores: i) las condiciones de trabajo; ii) la remuneración; iii) y la responsabilidad, para establecer si el socio está o no excluido del ámbito de aplicación del IVA.

En resumen

Como socio de su empresa puede tener varios tipos de rendimientos de manera simultánea atendiendo a las distintas actividades que desarrolle en su empresa.

Revise los estatutos de su sociedad para evitar sustos innecesarios.

No olvide que los servicios que usted presta a su sociedad se consideran operaciones vinculadas y tienen que estar valorados a precio de mercado.

Una correcta calificación fiscal de sus rendimientos le ayudará a tributar correctamente.

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