Directiva europea de intermediarios fiscales: asesores fiscales y abogados deberán informar de los mecanismos potencialmente agresivos

Ayer, 13 de marzo de 2018, el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la Unión Europea (Ecofin) logró un acuerdo sobre una propuesta destinada a impulsar la transparencia para hacer frente a la planificación fiscal agresiva de dimensión transfronteriza. El proyecto de Directiva es la más reciente de una serie de medidas concebidas para evitar la elusión del impuesto de sociedades y obligará a los intermediarios como los asesores fiscales, contables y abogados que diseñan o promueven mecanismos de planificación fiscal a informar de los mecanismos que se consideren potencialmente agresivos.

En concreto, se exigirá que los Estados miembros intercambien automáticamente la información que reciben a través de una base de datos centralizada. Esto posibilitará que se detecten antes los nuevos riesgos de elusión fiscal y que se tomen medidas para bloquear los mecanismos perniciosos. Además, los Estados miembros estarán obligados a imponer sanciones a los intermediarios que no cumplan las medidas de transparencia.

Desde el Ecofin han explicado que a los Estados miembros les resulta cada vez más difícil proteger sus bases imponibles de la erosión, ya que las estructuras de planificación fiscal transfronteriza han adquirido una mayor complejidad. En este sentido, el proyecto de Directiva está destinado a evitar la planificación fiscal agresiva posibilitando un mejor control de las actividades de los intermediarios fiscales.

El proyecto de Directiva establece señas distintivas para identificar los tipos de mecanismos que deberán comunicarse a las autoridades fiscales. La obligación de informar de un mecanismo no significa que este sea pernicioso, sino que éste puede ser de interés para un análisis más detenido por parte de las autoridades fiscales. Aunque muchos mecanismos tienen finalidades totalmente legítimas, el objetivo de la Directiva es detectar los que no las tengan. En este sentido, la propuesta refleja a grandes rasgos la acción 12 del plan de acción de la OCDE de 2013 para prevenir la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios.

Siguientes etapas
Se ha llegado a un acuerdo en una sesión del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros, por lo que el Consejo adoptará la Directiva sin más debate una vez que el texto haya sido ultimado en todas las lenguas oficiales. Los Estados miembros disponen de plazo hasta el 31 de diciembre de 2018 para incorporarla a su ordenamiento jurídico nacional.

Los nuevos requisitos de comunicación se aplicarán a partir del 1 de julio de 2020. Los Estados miembros estarán obligados a intercambiar información cada tres meses, en el plazo de un mes a contar desde el final del trimestre en que esta se haya presentado. Por tanto, el primer intercambio automático de información se completará a más tardar el 31 de octubre de 2020. Pinche aquí para conocer el texto del proyecto de Directiva.

En el blog de Sincro Business Solutions iremos informando puntualmente sobre todas las novedades relativas a la nueva Directiva.

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